Asesinatos y agresiones tras el alto al fuego en Colombia

COMUNICADO A LA OPINIÓN PÚBLICA

Las organizaciones de la sociedad civil alertan a nivel Nacional e Internacional sobre nueva ola de asesinatos y agresiones contra defensores/as de DDHH, líderes y lideresas sociales tras la declaratoria de cese al fuego bilateral y definitivo.

Las Organizaciones de Sociedad Civil Internacional que suscribimos el presente comunicado vemos con profunda preocupación la persistencia y recrudecimiento de asesinatos, amenazas y graves agresiones contra defensores y defensoras de derechos humanos, líderes y lideresas sociales en varios lugares del país, luego de la declaratoria de cese al fuego bilateral en el marco del Acuerdo Final, integral y definitivo entre el gobierno colombiano y las FARC-EP anunciada el pasado 27 de agosto de 2016.

En el transcurso del último mes, hemos tenido conocimiento de los siguientes hechos:

1. ASESINATOS (22)

Nariño (4 personas): Tumaco: Roberto Taicus Bisbicus (agosto 26), Luciano Pascal García (agosto 29), Alberto Pascal García (agosto 29), Barbacoas: Diego Alfredo Chirán Nastacuas (agosto 26).

Cauca (8 personas): Corinto: Cecilia Coicué (agosto 29) Almaguer: Nereo Meneses Guzmán (agosto 29), Ariel Sotelo (agosto 29), Joel Meneses (agosto 29) Sucre: Martha Pipicano (sept. 1), Libio Antonio Álvarez (sept.1) Simón Álvarez Soscué (sept. 5) Salvador Acosta (sept.5).

Caquetá (3 personas): San Vicente del Caguán: Jhon Fredy Medina Perdomo (sept.7), Pablo Romero (sept.16), José Aldrual Macías Lavao (sept.16).

Antioquia(2) personas: Barbosa: María Fabiola Jiménez de Cifuentes (sept.8) Medellín: William García Cartagena (sept.16).

Bolívar (1 persona): Municipio de San Pablo Álvaro Rincón Galán (sept.11).

Cesar (1 persona): zona rural de la Sierrita: Néstor Iván Martínez (sept.11).

Córdoba (1 persona): corregimiento Acadillo: Armando Bedolla Fabra (sept.10).

Tolima(1 persona): Municipio de Coyaima: Ramiro Culma Capera (sept.17).

Arauca(1 persona): Anderson Antonio Martínez Arrieta (agosto 25).

2. AMENAZAS (13) Comisión de Interlocución del Sur de Bolívar (agosto 25), Judith Maldonado , Leonard Martin Rentería Valecilla , Noralba Daza Alarcón, Antonio Santofimio, Carlos Arturo Salazar, Javier Guependo, Cristian Obdulio Trujillo y Diafanol Borrero , mototaxistas en el casco urbano de Arauquita (agosto 25) y contra un joven desmovilizado de un grupo armado ilegal de solo 19 años de edad (agosto 26) , la lideresa e integrante del Movice Bogotá, Blanca Nubia Díaz (sept.2) , y el 19 de septiembre circuló en el Magdalena Medio panfleto amenazante contra gremios, partidos políticos, transportadores, mineros, entre otros .

3. DESPLAZAMIENTO FORZADO (1) 18 familias del municipio del municipio de Puerto Gaitán, predios de El Porvenir, Departamento del Meta (agosto 27).

4. CRISIS HUMANITARIA (1): municipio El Bagre, Antioquia denunciada por la Asociación de Hermandades Agroecológicas y Mineras de Guamocó (Aheramigua) por actos como masacres, homicidios, mutilaciones, amenazas y desplazamiento forzado ejecutados tanto en las zonas rurales como urbanas presuntamente perpetrados por la organización paramilitar “el clan del golfo”.

Avanzar hacia una paz sostenible y duradera implica abrir escenarios donde la transformación de los conflictos sea posible, mediante la adopción de las reformas institucionales y estructurales necesarias, basadas en el respeto y garantía de los Derechos Humanos.

En ese sentido, instamos a las autoridades colombianas competentes a:

1. Investigar prontamente estos hechos, identificar a los responsables materiales e intelectuales, y sancionarlos.

2. En el marco de la Comisión Nacional de Garantías de Seguridad y de la Unidad de investigación y desmantelamiento de las organizaciones criminales previstas por el Acuerdo, establecer e implementar medidas encaminadas al desmantelamiento efectivo y sostenible de los grupos paramilitares y bandas criminales en todas las regiones del país, y de las estructuras económicas y políticas que los sustentan.

3. Crear una Comisión de Alto Nivel para las Garantías de No-Repetición, que tenga como funciones revisar las políticas de seguridad del Estado, así como asegurar la puesta en marcha de reformas institucionales, en particular de las Fuerzas Armadas y de la Policía Nacional.

Invitamos a la Comunidad Internacional con delegación permanente en Colombia y a los organismos internacionales encargados de velar por los DDHH a hacer seguimiento a estos graves hechos, pronunciarse públicamente en el marco de sus mandatos, y mantener su labor de incidencia y monitoreo de la situación de DDHH en Colombia después de la firma del Acuerdo Final, integral y definitivo entre el gobierno colombiano y las FARC-EP.

Manifestamos nuestra solidaridad con las familias y organizaciones víctimas de estos hechos, reiteramos nuestro compromiso con el respeto y protección de los DD.HH., requisito indispensable para avanzar en la construcción de la paz sostenible y duradera.

ESPACIO DE COOPERACIÓN PARA LA PAZ

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