El pasado 28 de julio se informó a la opinión pública la captura de cuatro servidores públicos por presunta red de corrupción en la fiscalía de Cartagena.

Dentro de los detenidos se encuentra la fiscal  tercera especializada de Cartagena, María Bernarda Puentes López, quien el pasado 22 de marzo ordenó las capturas de varios líderes sociales en el sur de Bolívar. 

María Bernarda Puentes López y demás detenidos se les imputará los delitos de concierto para delinquir, cohecho por dar u ofrecer, cohecho propio y concusión.  Estas detenciones se dan tras una investigación de la Fiscalía General de la Nación la cual logró develar que esta red negociaba libertades, detenciones domiciliarias, pre acuerdos con grandes rebajas de pena a grupos paramilitares  a cambio de cuantiosas sumas de dineros o dádivas.

Esta fiscal 3 especializada fue quien solicitó la captura y medida de aseguramiento con destierro a la lideresa Milena Quiroz tras considerarla un peligro para la sociedad por organizar marchas y mover masas.

Cabe recordar que  durante las audiencias realizadas en Cartagena los abogados de estos líderes denunciaron en repetidas ocasiones los atropellos e irregularidades que se efectuaron tanto en la legalización de las capturas como en la medida de aseguramiento.

Por esta razón,  el pasado primero de abril en el marco de las audiencias preliminares, la defensa de los líderes sociales solicitó al juez de segunda instancia que al momento de decidir el recurso de apelación de la medida de aseguramiento, se compulsaran copias para que fuesen investigados la Fiscal MARIA BERNARDA PUENTES, miembros de la policía judicial y otros funcionarios que hubieran podido participar del fraude procesal y concierto para delinquir que se orquestó contra MILENA QUIROZ y los demás líderes sociales.

Tras conocer esta noticia el movimiento social realizó un comunicado público en el que exigieron lo siguiente:

Que se investiguen a fondo todas las acciones que la fiscalía 3ª Especializada de Cartagena ha efectuado, en detrimento de los derechos de los pobladores del Sur de Bolívar, de los líderes y lideresas sociales y defensores de derechos humanos. Además sean develados quiénes mediante actos corruptos o intereses políticos han intervenido beneficiándose de estas actuaciones irregulares.

Recordamos que durante este año, hemos sido testigos de la investigación de más de 45 fiscales por hechos de corrupción que favorecen intereses principalmente de grupos paramilitares en diversas regiones del país. En estos casos, no solamente han participado fiscales sino todo un entramado de funcionarios como jueces, policía judicial, miembros del INPEC  y otras instituciones. Alentamos a la FGN a continuar con estas investigaciones y sanciones de los responsables. 

En ese sentido, esperamos que en el caso de persecución a integrantes del movimiento social en el Sur de Bolívar, se investigue también la posible participación de otras instituciones y políticos locales, y así mismo se depuren los archivos de inteligencia del Batallón Nariño, con el fin de sacar de sus bases de datos los informes de inteligencia que señalan y estigmatizan la labor de los líderes sociales y defensores de derechos humanos.

En horas de la tarde se llevará a cabo la audiencia de medida de aseguramiento de la Fiscal María Bernarda Puentes y demás funcionarios públicos en la ciudad de Cartagena. 

 

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