El pasado 28 de julio se informó a la opinión pública la captura de cuatro servidores públicos por presunta red de corrupción en la fiscalía de Cartagena.

Dentro de los detenidos se encuentra la fiscal  tercera especializada de Cartagena, María Bernarda Puentes López, quien el pasado 22 de marzo ordenó las capturas de varios líderes sociales en el sur de Bolívar. 

María Bernarda Puentes López y demás detenidos se les imputará los delitos de concierto para delinquir, cohecho por dar u ofrecer, cohecho propio y concusión.  Estas detenciones se dan tras una investigación de la Fiscalía General de la Nación la cual logró develar que esta red negociaba libertades, detenciones domiciliarias, pre acuerdos con grandes rebajas de pena a grupos paramilitares  a cambio de cuantiosas sumas de dineros o dádivas.

Esta fiscal 3 especializada fue quien solicitó la captura y medida de aseguramiento con destierro a la lideresa Milena Quiroz tras considerarla un peligro para la sociedad por organizar marchas y mover masas.

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LA CONTINUA REPRESIÓN POLÍTICA, POLICIAL Y JUDICIAL CONTRA EL SINDICALISMO COMBATIVO DEL SINDICATO ANDALUZ DE TRABAJADORES (SAT) Y SUS MILITANTES.

Ocupan tierras para trabajarlas y poder vivir, tierras abandonadas por los terratenientes y los bancos que no producen nada, ocupan bancos, supermercados y se manifiestan de forma pacífica para reivindicar pan, trabajo, techo, dignidad y una Sociedad más justa y la respuesta contra estos hombres y mujeres que en su mayoría viven de su trabajo en el campo, a sus reivindicaciones, es represión, multas y condenas de prisión. Mientras los corruptos nos roban y se burlan de toda la ciudadanía, con la pasividad de la justicia como pudimos ver en la reciente declaración del presidente del Gobierno Mariano Rajoy, que incluso fue recibido a las puertas de la Audiencia por el presidente de este estamento judicial, los hombres y mujeres del SAT, sufren una dura represión, con más de 400 años de petición de cárcel, y un millón de euros en multas, por exigir el derecho a trabajar y sobrevivir, en una sociedad, donde la democracia, el estado de derecho y la libertad, existe sólo para los Urdangarín, Rato, Puyol y una larga e interminable lista de estos indeseables personajes. Y nos quieren hacer ver estos hipócritas corruptos que la justicia es igual para todos, cuando uno de estos campesinos Andrés Bódalo lleva 16 meses en prisión sufriendo una dura campaña de criminalización orquestada por los medios de comunicación a su servicio.

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Justicia internacional tiene en la mira a 29 altos militares colombianos.

Colombia Informa.- El actual General de las Fuerzas Militares Juan Pablo Gutiérrez fue acusado por la Corte Penal Internacional -CPI- por estar implicado en 119 ejecuciones extrajudiciales, más conocidas como “falsos positivos”. La Fiscal Fatou Bensouda manifestó que Juan Manuel Santos no garantiza “pruebas tangibles de que se estén realizando indagaciones relevantes” en los procesos judiciales para condenar a los responsables de estos crímenes de lesa humanidad.

FalsosPositivos

La CPI solo analizó 1228 casos perpetrados durante los años de gobierno de Álvaro Uribe Velez (2002-2010). Bensouda explicó que mediante la política de los falsos positivos, el Ejército nacional desapareció y asesinó de manera lesa y sistemática a varias personas de la población civil. Según la Organización de las Naciones Unidas -ONU-, en Colombia existieron más de 5000 víctimas y en todos los departamentos del país (menos Amazonas) ocurrieron este tipo de hechos.

El objetivo era mostrar resultados (que en lenguaje de los militares significa “muertes”) en la guerra contra grupos insurgentes como las Fuerzas Armadas Revolucionarias de Colombia -FARC- y el Ejército de Liberación Nacional -ELN-. Los crímenes contra la población civil fueron premiados por Álvaro Uribe como Presidente, y Juan Manuel Santos como Ministro de Defensa, a través de beneficios salariales (dinero y vacaciones).

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Venezuela: Un futuro comprometido

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can1           Mario José Diego Rodríguez, sindicalista jubilado.

Desde la irrupción de los chavistas en el paisaje político venezolano y su victoria electoral en 2 000, la derecha y las clases dominantes han intentado derrocarlo reiteradamente. El empeoramiento de la situación económica desde hace tres años y la dificultad en la que la población se encuentra para subsistir, ha sido el fertilizante que nutrió políticamente la oposición, permitiendo a ésta liderar el descontento y protestas de la población contra Nicolás Maduro.

La caída brutal del precio del petróleo creó una situación de importante penuria sufrida con pesadez por la población. La producción nacional ha retrocedido y la inflación se ha disparado, lo que reduce a poca cosa, por no decir a nada, el poder adquisitivo de las clases populares y una parte de la clase media; tal situación contribuye a un incremento considerable del mercado negro mientras que las estanterías de los centros comerciales están vacías.

Desafortunadamente para los chavistas, aprovechar la renta del petróleo para financiar sus programas sociales sin intentar diversificar la economía basada en las materias primas y particularmente la del petróleo, ha funcionado el tiempo que duró el alto precio de éste y ha contribuido a que Venezuela – como otros países monoproductores – siga dependiendo de la economía mundial imperialista y de las fluctuaciones del precio de las materias primas.

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Presos políticos del centro penitenciario de Combita continuamos en desobediencia pacífica.

Noticias / La voz de los presos

Informamos que los presos del establecimiento de combita, Boyacá, prisión de máxima seguridad, continuamos con la desobediencia pacífica así:

Desde el pasado 16 de junio de 2.017 estamos formando en los horarios de contada sin camisa.  A partir del 1 de julio, no estamos recibiendo más presos en los pabellones por hacinamiento.  El 20 de agosto, nos dejaremos contar pero no nos encerraremos en las celdas por las noches.

Nos preparamos para iniciar huelga de hambre a partir del 1 de septiembre de manera indefinida para hacer el llamado a su santidad el papa Francisco, en su visita a Colombia, interceda por las presas y presos que a diario sufrimos los tratos crueles, inhumanos y degradantes y la negación de nuestros derechos como: la salud, alimentación, trabajo, educación y frente a la política del INPEC de trasladarnos lejos de nuestros núcleos familiares, imposibilitándonos de poder compartir con nuestros seres queridos.

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La organización pidió que Colombia ratifique de inmediato el Protocolo Facultativo de la Convención contra la Tortura.


Por: Redacción Digital BLU Radio

En diálogo con BLU Radio, la encargada de América Latina de la Organización Mundial contra la Tortura, Helena Solá Martín, aseguró que es preocupante los niveles de hacinamiento que hay en las cárceles del país.

“Urge la implementación de medidas para reducir el hacinamiento, que sigue en niveles alarmantes, garantizar el acceso a la prestación de servicios de salud y restringir el uso de las celdas de aislamiento”, explicó desde Ginebra en Suiza.

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Situación de Derechos Humanos en Colombia

Situación de Derechos Humanos en Colombia

Fuente: Escola de Cultura de Pau – Vicenç Fisas

Contexto Histórico – Colombia

El conflicto armado en Colombia tiene raíces muy profundas, que van más allá del surgimiento de las actuales guerrillas en los años sesenta. A la violencia que caracterizó las relaciones entre liberales y conservadores desde el siglo XIX hasta la época del Frente Nacional (1958-1978) hay que añadir la represión contra cualquier opción política alternativa y la lucha por el acceso a la tierra (Colombia es el único país de América Latina que no ha tenido una Reforma Agraria). Así, la política al servicio de los intereses de la élite, la exclusión social y la falta de opciones democráticas de oposición y de una política rural integral explican el surgimiento de los distintos grupos guerrilleros de los años sesenta y setenta, entre ellos, las Fuerzas Armadas Revolucionarias de Colombia – Ejército del Pueblo (FARC-EP) y el Ejército de Liberación Nacional (ELN), ambos nacidos en 1964. A estos grupos se sumó el Ejército Popular de Liberación de Colombia (EPL) en 1967 y el Movimiento 19 de Abril (M-19) en 1970.

Desde los años ochenta se han ido produciendo múltiples esfuerzos de construcción de paz, tanto por parte de los actores en conflicto como de la sociedad colombiana. El último de estos intentos, entre el Gobierno del actual mandatario Juan Manuel Santos y las FARC-EP, ha logrado la firma de un Acuerdo HYPERLINK “http://www.altocomisionadoparalapaz.gov.co/mesadeconversaciones/PDF/24-1480106030.11-1480106030.2016nuevoacuerdofinal-1480106030.pdf”Final de Paz el 24 noviembre de 2016, que actualmente se encuentra en proceso de implementación legislativa en el Congreso de la República y la posterior revisión de las normas por parte de la Corte Constitucional; al tiempo que en Quito (Ecuador) el Gobierno adelanta un proceso de diálogo con el ELN.

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