Alcalde de Ginebra visitó la Zona Veredal de Icononzo

Noticias / Construcción de paz

El pasado 10 de agosto el alcalde de Ginebra Rémy Pagani, en conjunto con una comisión de integrantes del Comité de Solidaridad con los Presos Políticos, visitó la Zona veredal  transitoria de normalización (ZVNT) Icononzo (Tolima) con el fin de verificar los avances y cumplimientos frente al acuerdo de Paz firmado entre el Gobierno Nacional y las FARC-EP.

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Durante su llegada se reunión con el mecanismo  de monitoreo quien explicó al alcalde Pagani el funcionamiento de la ZVNT así como el funcionamiento del sistema tripartito

Seguidamente Victoria Sandino acompañó al alcalde Pagani a conocer el campamento en donde se encuentran reunidos los guerrilleros de las FARC-EP. Cabe recordar que la ZVNT de Icononzo el pasado 7 de agosto terminó el proceso de entrega de las armas a Naciones Unidas.

En medio del recorrido se informó al alcalde de Ginebra el avance en la construcción de viviendas temporales, que  al día de hoy va en el 75%.  Por lo que el Alcalde hizo un llamado al Gobierno Nacional a cumplir las responsabilidades adquiridas en el marco de los acuerdos.

Asimismo Rémy felicitó a ambas partes por el esfuerzo conjunto que se está haciendo para acabar con el conflicto más largo de toda latinoamericana.

Finalmente felicito a las FARC-EP por el compromiso con el fin del conflicto armado y la entrega de armas. 

 

La comunidad internacional tendrá los ojos puestos en Colombia, Rémy Pagani Alcalde de Ginebra (Suiza)

Noticias / Construcción de paz

El pasado 8 de agosto el Alcalde de Ginebra (Suiza) Rémy Pagani,  sostuvo diversas reuniones en donde participaron Organizaciones sociales de mujeres, delegados de la sociedad civil ante la Comisión Nacional de Garantías de Seguridad (CNGS),  y diferentes organizaciones sociales de la Sociedad Civil como: El Movimiento de Víctimas de Crímenes de Estado (Movice), Congreso de los Pueblos, Asociación Minga, Marcha Patriótica, Campaña Defender La Libertad un Asunto de Todxs, entre otros.

Estas reuniones tuvieron como objetivo  explicar al Alcalde la situación  de Derechos Humanos,  protesta social,  incremento del paramilitarismo, asesinatos a líderes/as sociales, dificultades, incumplimientos y trasformaciones a puntos sustanciales del acuerdo de paz firmado entre el Gobierno Nacional y las FARC-EP, así como las preocupaciones frente a los diálogos entre el Gobierno y el ELN.

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Alcalde de Ginebra conoció la grave situación que afronta la Comunidad de SantaRita (Magdalena)

Noticias / Atención a víctimas / Construcción de paz

El pasado 9 de agosto el Alcalde de Ginebra (Suiza) Rémy Pagani, visitó la comunidad de Santa Rita ubicada en el Magdalena en conjunto con integrantes del Comité de Solidaridad con los Presos Políticos, seccional Atlántico. Al final de la jornada las Instituciones del Estado asumieron diferentes compromisos para mejorar la calidad de vida de l@s pobladores de Santa Rita.

Las problemáticas de los Remolineros

Durante su visita se reunió con miembros y voceros de la comunidad para conocer las problemáticas que la comunidad enfrenta día a día, entre las que se encuentran:

Acceso a vivienda: aún no se ha dispuesto un plan de retorno efectivo que le permita a cada una de las personas que viven en esta comunidad, tener una casa propia, pese a ser una población desplazada.

Viviendas por Orden Judicial: en la comunidad se encuentran construidas varias casas que no se adaptan a las necesidades de la población. “Nunca se nos socializó la construcción de estas casas, como usted puede ver son demasiado pequeñas”. Señaló una de las pobladoras al Alcalde.

Infraestructura vial: Las carreteras que se encuentran dispuestas para llegar a la comunidad están en condiciones deplorables y según denuncian los habitantes en temporada de invierno dicha carretera se inunda lo que dificulta la entrada y salida a la misma

Servicio de salud: esta es una de las problemáticas que más preocupa a la comunidad, pues aunque al día de hoy existe un centro de salud, éste no cuenta con la dotación necesaria para su funcionamiento. Igualmente no se cuenta con una persona que esté permanente en el lugar y pueda atender una emergencia.

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Acceso a agua potable: la comunidad de Santa Rita no cuenta con agua corriente en las casas y el caño que los rodea está taponado por maleza, lo que dificulta el desarrollo de actividades productivas como la pesca. Esto imposibilita su desarrollo y producción económica pues hasta el momento no cuentan con otras opciones labores.

Centro educativo: el tejado se ha caído en repetidas ocasiones y deben arrinconar a los estudiantes en otra aula para que no se mojen cuando llueva.

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EN EL CONSEJO DE DERECHOS HUMANOS REUNIDO EN GINEBRA.

EN EL CONSEJO DE DERECHOS HUMANOS REUNIDO EN GINEBRA 57 ESTADOS FIRMAN DECLARACIÓN OFRECIENDO CONTUNDENTE APOYO A VENEZUELA BOLIVARIANA Y EN RECHAZO A CUALQUIER FORMA DE INTERVENCIÓN EXTRANJERA EN SUS ASUNTOS INTERNOS.
Venezuela reafirma el contundente apoyo recibido en el seno de Naciones Unidas en el Consejo de Derechos Humanos con sede en Ginebra por parte de 57 países, quienes suscribieron un contundente documento que se solidariza con los intentos de intervención extranjera en los asuntos internos de Venezuela.

Esta declaración fue suscrita por Rusia, China, India, Sudáfrica, Irán, Vietnam, Argelia, Egipto, Jordania, Kuwait, Emiratos Árabes Unidos, Pakistán, Irak, Líbano, Libia, Angola, Etiopía, Palestina, Qatar, Bielorrusia, Arabia Saudita, Azerbaiyán, Siria, Ecuador, Bolivia, Cuba, Nicaragua, San Vicente y las Granadinas, San Cristóbal y Nieves, Dominica, Bahréin, Comoras, Yibuti, Somalia, Sudán, Túnez, Yemen, República Democrática Popular de Corea, Eritrea, Namibia, Laos, Filipinas, Sudán del Sur, República del Congo, Burundi, Zimbabue, Myanmar, Timor Leste, Tayikistán, Omán, República Democrática del Congo, Nigeria, Guinea Ecuatorial, Mauritania, Mozambique, Togo y Venezuela.

Declaración Conjunta en apoyo a Venezuela:

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Lo sustancial, lo formal y lo importante en el caso de Milena Quiroz.

Colombia Informa, “No se accede a la solicitud porque no se cumplió con los requisitos exigidos para ella”, fue la decisión que una Jueza Penal Municipal con Función de Control de Garantías del Complejo Judicial de Paloquemao, Bogotá, tomó este miércoles 2 de agosto en la audiencia en la que se pedía la nulidad y revocatoria de la medida de aseguramiento que el 22 de marzo impusieron a la lideresa social del Sur de Bolívar, Milena Quiroz.

Esta audiencia se realizó en una tercera convocatoria pues las dos anteriores -agendadas para el 22 de junio y el 26 de julio- fueron suspendidas por no asistencia de la Fiscal que ordenó la captura y posterior aseguramiento de Quiroz al declararla “un peligro para su comunidad”.

Esa misma Fiscal, la señora María Bernarda Puentes, está bajo arresto por “concierto para delinquir” -el mismo delito que afirmaba cometió Quiroz-  y presuntos nexos con el grupo paramilitar conocido como “El Clan del Golfo”. Sin embargo, a la fiscalía parece importarle más lo formal sobre lo sustancial a la hora de conceder justicia a la lideresa.

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Lo sustancial

El abogado de la defensa, Jorge Molano, sostiene que las causas para pedir la nulidad y revocatoria de la medida de aseguramiento de Milena Quiroz son que esta fue impuesta mediante violaciones ilegales e inconstitucionales. ¿Cómo se argumentaba esto? A Quiroz, el 22 de marzo pasado, se le encarceló a las 4 am en su casa mediante un fuerte operativo policial, acusandola de rebelión y concierto para delinquir.

 

La plantilla de ayuda a domicilio exige que se cumpla lo votado!

 

can1                        Mario José Diego Rodríguez, sindicalista jubilado

La privatización de los servicios públicos vio su auge en la primera década de los 2000, extendiéndose poco a poco por todas partes hasta que acabó afectando a todas las autonomías e incluso a la mayoría de los municipios.

El argumento principal utilizado por los adalides de la privatización en general y de los servicios públicos en particular – ya sean de derecha o de izquierda – para convencer la opinión pública, ha sido principalmente que las empresas privadas son más eficientes y menos costosas.

Por ahora, por mucho que se empeñen algunos, no hay ningún estudio que demuestre la veracidad de lo que afirman dichos adalides de la privatización, es más, la aplicación concreta de remunicipalización en ciertas municipalidades demuestran lo contrario.

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El pasado 28 de julio se informó a la opinión pública la captura de cuatro servidores públicos por presunta red de corrupción en la fiscalía de Cartagena.

Dentro de los detenidos se encuentra la fiscal  tercera especializada de Cartagena, María Bernarda Puentes López, quien el pasado 22 de marzo ordenó las capturas de varios líderes sociales en el sur de Bolívar. 

María Bernarda Puentes López y demás detenidos se les imputará los delitos de concierto para delinquir, cohecho por dar u ofrecer, cohecho propio y concusión.  Estas detenciones se dan tras una investigación de la Fiscalía General de la Nación la cual logró develar que esta red negociaba libertades, detenciones domiciliarias, pre acuerdos con grandes rebajas de pena a grupos paramilitares  a cambio de cuantiosas sumas de dineros o dádivas.

Esta fiscal 3 especializada fue quien solicitó la captura y medida de aseguramiento con destierro a la lideresa Milena Quiroz tras considerarla un peligro para la sociedad por organizar marchas y mover masas.

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LA CONTINUA REPRESIÓN POLÍTICA, POLICIAL Y JUDICIAL CONTRA EL SINDICALISMO COMBATIVO DEL SINDICATO ANDALUZ DE TRABAJADORES (SAT) Y SUS MILITANTES.

Ocupan tierras para trabajarlas y poder vivir, tierras abandonadas por los terratenientes y los bancos que no producen nada, ocupan bancos, supermercados y se manifiestan de forma pacífica para reivindicar pan, trabajo, techo, dignidad y una Sociedad más justa y la respuesta contra estos hombres y mujeres que en su mayoría viven de su trabajo en el campo, a sus reivindicaciones, es represión, multas y condenas de prisión. Mientras los corruptos nos roban y se burlan de toda la ciudadanía, con la pasividad de la justicia como pudimos ver en la reciente declaración del presidente del Gobierno Mariano Rajoy, que incluso fue recibido a las puertas de la Audiencia por el presidente de este estamento judicial, los hombres y mujeres del SAT, sufren una dura represión, con más de 400 años de petición de cárcel, y un millón de euros en multas, por exigir el derecho a trabajar y sobrevivir, en una sociedad, donde la democracia, el estado de derecho y la libertad, existe sólo para los Urdangarín, Rato, Puyol y una larga e interminable lista de estos indeseables personajes. Y nos quieren hacer ver estos hipócritas corruptos que la justicia es igual para todos, cuando uno de estos campesinos Andrés Bódalo lleva 16 meses en prisión sufriendo una dura campaña de criminalización orquestada por los medios de comunicación a su servicio.

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Justicia internacional tiene en la mira a 29 altos militares colombianos.

Colombia Informa.- El actual General de las Fuerzas Militares Juan Pablo Gutiérrez fue acusado por la Corte Penal Internacional -CPI- por estar implicado en 119 ejecuciones extrajudiciales, más conocidas como “falsos positivos”. La Fiscal Fatou Bensouda manifestó que Juan Manuel Santos no garantiza “pruebas tangibles de que se estén realizando indagaciones relevantes” en los procesos judiciales para condenar a los responsables de estos crímenes de lesa humanidad.

FalsosPositivos

La CPI solo analizó 1228 casos perpetrados durante los años de gobierno de Álvaro Uribe Velez (2002-2010). Bensouda explicó que mediante la política de los falsos positivos, el Ejército nacional desapareció y asesinó de manera lesa y sistemática a varias personas de la población civil. Según la Organización de las Naciones Unidas -ONU-, en Colombia existieron más de 5000 víctimas y en todos los departamentos del país (menos Amazonas) ocurrieron este tipo de hechos.

El objetivo era mostrar resultados (que en lenguaje de los militares significa “muertes”) en la guerra contra grupos insurgentes como las Fuerzas Armadas Revolucionarias de Colombia -FARC- y el Ejército de Liberación Nacional -ELN-. Los crímenes contra la población civil fueron premiados por Álvaro Uribe como Presidente, y Juan Manuel Santos como Ministro de Defensa, a través de beneficios salariales (dinero y vacaciones).

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